Por Cynthia A. Sanborn, Directora del CIUP

SUBTÍTULOS

Identidad y discriminación: ¿quiénes y cuántos somos?
Salud y educación: puntos de partida
¿La acción afirmativa? Universidades, empresa y sociedad civil
Comentarios finales y agenda pendiente
Pie de página

Durante los últimos años, el Perú ha logrado un crecimiento económico sostenido, una importante reducción de la pobreza y una mayor tendencia a celebrar la diversidad étnica y cultural del país. Esto se refleja en diversos fenómenos, como el boom de nuestra gastronomía, la expansión del turismo interno y el éxito comercial de la cumbia peruana. También ha habido avances significativos hacia la igualdad formal de derechos, la prohibición de la discriminación en sus diversas formas y la expansión de la participación política y social de sectores históricamente excluidos1 2.

A pesar de estos avances, en el Perú, como en la mayor parte de América Latina, las desigualdades sociales siguen siendo profundas, y profundamente sentidas. Para la población indígena y nativa, y especialmente para quienes residen en zonas rurales, los obstáculos para adquirir una educación de calidad, un adecuado ingreso familiar y un ejercicio pleno de sus derechos, siguen siendo particularmente grandes. Pero también hay obstáculos significativos para muchos mestizos pobres, para integrantes de la minoría afrodescendiente y para la mayoría de mujeres peruanas. Aunque “el Perú avanza”, la mayoría de peruanos percibe que en este país prevalece la desigualdad de oportunidades y de trato frente a la ley3. Estos sentimientos fueron determinantes en la elección presidencial del 2011, en la que ganó el candidato que mejor respondió a las demandas de inclusión social pero también brotaron las peores expresiones de racismo y desprecio étnico –la otra cara de la moneda4.

¿Cómo explicamos esta situación? ¿Qué mecanismos de exclusión y discriminación son más patentes ahora, y cómo se relacionan entre sí? ¿Cuánto y dónde pesan el racismo y otros prejuicios en el Perú del siglo XXI? ¿Y qué hacemos para erradicarlos? Responder a estas preguntas desde la Academia es una tarea difícil pero sumamente importante.

La dificultad comienza con las mismas definiciones. Por lo general, entendemos la exclusión como algo que va más allá del individuo y sus circunstancias inmediatas, y que es producto de mecanismos históricos y estructurales que impiden a ciertos grupos acceder a diversos beneficios y servicios (salud, educación, empleo digno) y participar plenamente en la vida cívica y política. Como señalan Valdivia, Benavides y Torero, la exclusión abarca la noción de pobreza, pero no se limita a ella (Valdivia, Benavides y Torero 2007). En cambio, discriminación tiende a referirse a prácticas concretas y actuales.

En el Derecho peruano, la discriminación consiste en un trato diferenciado que anula o impide el ejercicio de derechos de una persona, o de un grupo de personas, y que los descalifica por sus características innatas (raza, sexo, edad, origen social, etc.) o por las posiciones que asumen voluntariamente en la sociedad, como religión o estado civil5. No todos los grupos históricamente excluidos son hoy discriminados, y tampoco todos los discriminados pertenecen a grupos sociales excluidos. Sin embargo, en el Perú ambas situaciones han tendido a coincidir y reforzarse6.

Las ciencias sociales peruanas tienen una larga tradición de reflexión intelectual sobre raza, identidad y exclusión. Autores como Gonzalo Portocarrero, Nelson Manrique, Marisol de la Cadena, Juan Carlos Callirgos, Martín Santos, Paulo Drinot y otros, han examinado el alcance de nuestra herencia colonial racista, el desprecio por “lo indígena” y el temor al Otro que caracteriza a nuestras clases dominantes, y los prejuicios y fracturas que también caracterizan a los peruanos “dominados”. En cambio, la discriminación como práctica es un tema más reciente en las agendas académicas y la esfera pública.

Asimismo, es un fenómeno que difícilmente se presta a la observación y medición directa. Como señala éstor Valdivia, no hay consenso sobre la importancia de lo racial como tal en el Perú, ni sobre el peso de los prejuicios a la hora de tomar decisiones y orientar prácticas en las instituciones públicas o privadas7.

¿Qué evidencia nos permite identificar las dimensiones de la discriminación hoy? De parte del Estado, la información censal y las diversas encuestas de hogares recogen una enorme cantidad de información, que nos permite hacer comparaciones entre diversos grupos sociales. Pero las encuestas oficiales no captan la complejidad de las identidades raciales y étnicas, ni explican el porqué de las diferencias encontradas. Para el Estado, por ejemplo, la lengua materna es la variable más utilizada en los censos de población para diferenciar a los grupos étnicos, y es una variable orientada a identificar a la población indígena más tradicional, y a menudo la más excluida socialmente. Pero esto no ayuda a identificar a los peruanos que pueden tener raíces y tradiciones indígenas pero que han migrado y dejado de utilizar o transmitir la lengua nativa, fenómenos importantes en las últimas generaciones. Asimismo, no visibiliza a las importantes minorías étnicas de habla castellana, en particular las personas de ascendencia africana, japonesa y china.

Aunque la igualdad de derechos y oportunidades está garantizada en la Constitución, las autoridades tampoco hacen un seguimiento del acceso que tienen diferentes grupos a los servicios públicos, ni monitorean el trato que los ciudadanos reciben, por ejemplo, en el sistema educativo, las instalaciones de salud o los tribunales de justicia.

La Defensoría del Pueblo, entidad que investiga denuncias de ciudadanos por violación de sus derechos en entidades públicas, reconoce que “el Estado no tiene una respuesta organizada contra la discriminación” sino que hace esfuerzos dispersos y a todas luces insuficientes8.

En los últimos años, ha surgido mayor interés entre los académicos en la medición de la opinión pública sobre desigualdad y discriminación9. En el 2001, investigadores de Grade realizaron una encuesta sobre estos temas entre la población urbana; en el 2005, Demus y la Pontificia Universidad Católica del Perú auspiciaron una Encuesta Nacional sobre Exclusión y Discriminación Social; y en el 2011, se realizó otra encuesta nacional como parte del Proyecto sobre Etnicidad y Raza en América Latina (Perla), que además compara al Perú con Brasil, Colombia y México10. Las encuestas anuales de Latinobarómetro también incluyen preguntas sobre autopercepciones de los peruanos y su relación con el Estado.

¿Qué dicen estas encuestas? En primer lugar, coinciden en demostrar la percepción general de los peruanos de que esta sociedad es clasista, machista y racista. Asimismo, un alto porcentaje de los encuestados reporta haber experimentado en carne propia alguna situación discriminatoria, sea en una interacción social, una dependencia publica, centro de salud o educación, o al solicitar un empleo. Sin embargo, la mayoría no considera que su raza o grupo étnico fuera el motivo de la discriminación, sino otros factores, en especial su situación económica o clase social, o su “falta de conocimientos” o contactos11.

Por cierto, estos resultados no necesariamente constituyen evidencia de la falta de racismo o discriminación étnica, pues también pueden reflejar el estigma asociado al tema. Así también, la misma situación de pobreza o “falta de conocimientos” puede ser resultado de la exclusión sistemáticamente experimentada por ciertos grupos étnicos; por ejemplo, la falta de acceso a una educación de calidad. Estas interrogantes subrayan la importancia de analizar la desigualdad y la discriminación desde diversas perspectivas, fuentes y métodos de investigación.

Como respuesta estas interrogantes, hace dos años el Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico (CIUP) inició un programa de investigación y debate sobre la discriminación en el Perú. Desde hace más de veinte años, el CIUP ha sido una institución líder en la investigación y formación de opinión en temas relacionados con el sector público, la gestión privada y la sociedad civil. Ahora, con el apoyo de nuestra universidad y de la Fundación Ford, buscamos incentivar a nuestros profesores y alumnos a reflexionar sobre esta problemática, a analizar las diferentes formas de discriminación presentes en nuestras entidades públicas y privadas –incluyendo las mismas instituciones de educación superior– y a proponer medidas para eliminarlas.

Una de nuestras primeras actividades fue la organización de un taller titulado “La discriminación en el Perú: investigación y reflexión”, el 24 de junio de 2010 en la Universidad del Pacífico. Ese evento fue concebido como una suerte de “estado de la cuestión” y tuvo tres objetivos: identificar las diversas fuentes que existen para realizar investigación sobre el complejo fenómeno de la discriminación en el Perú, identificar y compartir estudios recientes que se han producido sobre ello desde varias disciplinas, e identificar vacíos de información y análisis para una eventual agenda de investigación futura. Un total de 57 personas participaron en el taller, incluyendo 21 profesores y alumnos provenientes de la UP y otras universidades, y representantes de ONG, centros de investigación, entidades públicas, agencias de cooperación, y organizaciones representativas de indígenas, afrodescendientes y trabajadoras domésticas. El formato fue de mesa redonda, con tres ejes temáticos, diversas ponencias y discusión extendida entre los participantes.

Los capítulos de este libro se basan principalmente en versiones elaboradas de las ponencias presentadas en el mencionado taller, las cuales recogen los comentarios hechos por los participantes y, posteriormente, por evaluadores externos. Dada la diversidad de participantes y perspectivas en el mismo evento, este libro no es ni puede ser una colección integrada, con un marco común de análisis. Sin embargo, constituye una colección valiosa de trabajos, que esperemos sirva de inspiración para los lectores y para futuras investigaciones. Aquí presentamos un breve resumen del contenido de cada uno, y algunas conclusiones generales. Próximamente, estaremos publicando una segunda colección, que presenta los resultados de un grupo de estudios realizados en el CIUP sobre desigualdad y discriminación en educación, en diversos tipos de empresas y en el mercado laboral.

IDENTIDAD Y DISCRIMINACIÓN: ¿QUIÉNES Y CUÁNTOS SOMOS?

Los capítulos de la primera sección reflexionan sobre las dificultades inherentes en documentar las diversas formas de identidad de los peruanos, y especialmente las categorías raciales o étnicas relevantes. Aunque contar y categorizar a las personas son pasos necesarios para identificar brechas y diseñar políticas orientadas a cerrarlas, quedó evidente que no hay un acuerdo sobre cómo ni cuándo debemos hacerlo.

En el primer capítulo, Liuba Kogan de la UP observa que las múltiples entradas al estudio del racismo en el Perú están atravesadas por tensiones conceptuales, en apariencia irresueltas, motivo por el cual ella propone el concepto de “heterofobia”, o miedo a la diferencia, como un marco conceptual alternativo que permita superar el caos semántico.

En este provocador ensayo, Kogan plantea este miedo como un eje central de análisis, desagregando sus representaciones manifiestas y no manifiestas y precisando la dimensión social donde se reproduce. Por cierto, su propuesta no pretendió ser el marco común para los demás autores en esta colección, sino un punto de partida para generar debate.

En el segundo capítulo, David Sulmont de la PUCP hace hincapié en los problemas teóricos y prácticos que encierran las diversas iniciativas para medir cuantitativamente las variables raza y etnicidad en el Perú. Tomando como ejemplo a la población considerada “indígena”, explica cómo diferentes enfoques teóricos sientan las bases para determinar qué se entiende por ello, y cómo las diversas encuestas y formas de preguntar generan resultados sumamente diferentes. Señala que los estimados de la población indígena en el Perú varían entre el 5% y el 75% del total, según las preguntas y variables utilizadas. El número más bajo corresponde a la autoidentificación con el término ‘indígena’, lo cual puede significar que el término tiene baja legitimidad entre la población o mayor estigma asociado a su uso. En cambio, preguntar por lengua materna, tradiciones y costumbres o antepasados, genera mayor identificación con lo que se consideran componentes de esta identidad. Por ejemplo, hay un porcentaje importante de peruanos dispuesto a asumirse como “quechua”, a pesar del estigma históricamente asociado al nombre. Sulmont también señala importantes cambios generacionales en la identidad étnica, en particular entre los jóvenes urbanos y migrantes.

En esta sección también se resume la ponencia realizada por la Dra. Rofelia Ramírez del INEI, donde señala las principales características de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) y de la Encuesta Nacional de Salud (Endes), incluyendo su diseño muestral, los temas investigados y las variables que pueden ser utilizadas para analizar identidad y discriminación. Aunque las estadísticas del Estado son limitadas en cuando a la información étnica, el INEI ha sido permeable a las sugerencias de la comunidad académica y a los movimientos sociales importantes. Por lo tanto, las limitaciones en la data recopilada también reflejan la falta de consenso político y de acción colectiva en la misma sociedad.

SALUD Y EDUCACIÓN: PUNTOS DE PARTIDA

La segunda sección del libro presenta cuatro estudios recientes sobre los servicios de salud y educación pública que reciben los peruanos. Con diversas perspectivas y métodos, los autores analizan desigualdades en acceso, calidad y progreso, tomando en cuenta variables como nivel socioeconómico, raza o etnicidad, y sexo. Aunque no todos utilicen los mismos conceptos, todos intentan comprender los factores detrás de las brechas observadas y plantear posibles formas de cerrarlas, así como también de distinguir la relación entre exclusión y posible discriminación.

Néstor Valdivia, de Grade, presenta los resultados de una investigación sobre la atención a pacientes en los servicios públicos de salud en el Valle del Mantaro, realizada con Esperanza Reyes, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Partieron de analizar la relación entre salud, inequidad y etnicidad, indicando que existe una “brecha étnica” en el acceso a servicios de salud entre indígenas y no indígenas, y preguntando si también hay discriminación contra pacientes indígenas dentro de los mismos servicios.

Mediante el uso de la metodología de paciente simulado, los autores muestran cómo existen momentos e interacciones particulares en los consultorios en los que afloran el paternalismo y los prejuicios de los profesionales hacia sus pacientes. También analizan los temores iniciales de las pacientes al ser maltratadas, y la distancia social y cultural entre ambos, la cual, sin embargo, se ha acortado bastante en las últimas generaciones.

Quizá lo más sorprendente del estudio de Valdivia es que la intensidad y frecuencia de los episodios de maltrato fue menor de lo esperado, y, según los autores, no constituyen un patrón sistemático de discriminación contra las pacientes más indígenas. Más bien, en la investigación destacan las deficiencias generales de los servicios de salud analizados, lo cual limita la capacidad del personal para atender de manera idónea a todas sus pacientes. Las presiones administrativas, la falta de tiempo y recursos, y una inadecuada formación intercultural, son problemas endémicos cuya solución no depende solo del mismo personal sino de decisiones en otros niveles del Estado. El trabajo de Arlette Beltrán y Janice Seinfeld del CIUP se centra en la educación inicial (EI), que se ha expandido considerablemente en el Perú en los últimos años. Las preguntas relevantes son ahora si esta expansión ha tenido un impacto significativo en el rendimiento escolar de los niños peruanos, y si tiene el mismo impacto para todos.

Las autoras encuentran evidencia para afirmar que la EI sí afecta de manera positiva y significativa el logro académico, medido a través de los resultados en las pruebas aplicadas por el Minedu a alumnos de segundo grado de primaria, en los campos lógicomatemático y de comprensión lectora. Sin embargo, cuando se miden los diferenciales en este impacto según distintos grupos sociales y étnicos, las autoras encuentran que la EI beneficia principalmente a quienes ya tienen otras ventajas en la vida –niños no pobres, que viven en zonas urbanas y cuya lengua materna es el castellano–. En cambio, para los niños que provienen de sectores pobres, rurales y de lengua materna distinta al castellano, dichos efectos son pequeños o incluso nulos.

Esto es significativo, pues implica que a pesar de que muchos niños tienen acceso a la EI, esta no marca diferencia en términos de su posterior desenvolvimiento escolar. Es decir, el problema de cobertura de la EI es solo el inicio del “cuello de botella”; la deficiente calidad de la educación es el verdadero obstáculo y a donde deben dirigirse los esfuerzos públicos. Existen, así, 81% de niños pobres, y 63% cuya lengua materna es distinta al castellano, que disponen de centros de educación inicial escolarizados o no escolarizados. Sin embargo, estos servicios no son capaces de garantizar las competencias mínimas deseables para la edad. Si agregamos a ello la escasez de servicios bilingües e interculturales (se estima que solo 11% de los niños indígenas están matriculados en ese tipo de programas), la situación se agrava. Es decir, aun cuando estos niños tienen acceso a más educación en sus primeros años de vida, esta no es de la calidad ni pertinencia necesaria para garantizar un mejor rendimiento futuro en la escuela ni el desarrollo de sus capacidades de aprendizaje.

El trabajo de Juan Francisco Castro y Gustavo Yamada, también del CIUP, analiza en mayor detalle las brechas étnicas y de sexo en el acceso a la educación básica y superior. Con base en las encuestas de hogares, los autores evalúan el progreso educativo de diferentes cohortes y grupo étnicos, y de ambos sexos, en los últimos cincuenta años en el Perú. Confirman que en este período se han reducido las brechas en el acceso a la educación primaria para todos los grupos, y que las brechas entre hombres y mujeres se encuentran prácticamente cerradas en todos los niveles educativos. Sin embargo, en términos de concluir la educación secundaria y de matrícula en educación superior, aún prevalecen brechas étnicas, puesto que los blancos y mestizos tienen mejores resultados que los amazónicos, quechuas/aimaras y afrodescendientes.

Sobre la base de sus resultados, Castro y Yamada indican que las políticas a favor de la equidad deben priorizar un servicio educativo de mejor calidad para los grupos amazónicos y afrodescendientes, quienes tienen la mayor probabilidad de abandonar tempranamente el sistema educativo básico sin culminarlo. Pero las intervenciones sociales focalizadas en los quechuas/aimaras también deben fortalecerse, pues ellos también registran una tendencia al abandono escolar mayor que los blancos y mestizos. En su capítulo, Enrique Vásquez, Annie Chumpitaz y César Jara analizan en detalle la situación de la niñez indígena y la educación intercultural bilingüe (EIB) en el Perú.

Si bien el derecho de los pueblos indígenas a la EIB está reconocido y garantizado por el Estado peruano, los autores señalan el poco consenso que hay en torno a su definición, y la persistencia de servicios educativos deficientes. En primer lugar, subrayan los problemas de acceso y de calidad de educación para los niños indígenas, ya que, si bien las brechas de acceso se han acortado con el tiempo, según su estudio, todavía uno de cada tres niños indígenas no asiste a la escuela y dos de cada tres alumnos indígenas están atrasados. En segundo lugar, sostienen que hay discriminación por género dentro de las familias indígenas, pues la presencia de una hija en edad escolar incrementa el gasto destinado a educación en menor proporción que la presencia de un hijo. Asimismo, resaltan la necesidad de incrementar y mejorar la calidad de la oferta de capacitación docente en EIB, desarrollar un currículo de EIB, así como asegurar la continua producción y distribución de materiales educativos.

Vásquez, Chumpitaz y Jara concluyen con una serie de propuestas que apuntan a repotenciar a la EIB como medio de inclusión para la niñez indígena. Además de mejorar la formación docente e incentivar la inclusión de las niñas indígenas, proponen implementar la EIB en áreas urbanas, incluyendo Lima, donde hay una importante población indígena migrante; otorgar transferencias condicionadas para hogares indígenas en extrema pobreza; e incorporar a líderes indígenas en el proceso de definición y evaluación de la EIB.

¿LA ACCIÓN AFIRMATIVA? UNIVERSIDADES, EMPRESA Y SOCIEDAD CIVIL

Los capítulos de la tercera sección abarcan el rol de tres tipos de actores –universidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil– en reproducir o revertir la discriminación.

Los trabajos presentados aquí son del tipo “estado de la cuestión”, intentos de documentar la información existente sobre patrones de discriminación en estos ámbitos y sobre esfuerzos de introducir acción afirmativa, temas sobre los cuales hay aún muy escasa investigación empírica. En su capítulo, Cynthia Sanborn y Alonso Arrieta, del CIUP, parten de la observación de Castro y Yamada, de que las brechas étnicas y raciales hoy son especialmente importantes en el nivel de la educación superior, no solo en cuanto a acceso sino también para el cumplimiento de las carreras. Tomando en cuenta que en otros países de la región ha habido experimentación con políticas de “acción afirmativa” en la educación superior para cerrar estas brechas, los autores preguntan: ¿cuál ha sido la situación en el Perú? Para comenzar, encuentran que el Censo Nacional Universitario realizado por la Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y el INEI en 1996 y nuevamente en el 2010, no incluye información sobre la etnicidad o raza de los alumnos y profesores, ni recoge otras variables relevantes para analizar desigualdad y discriminación. La mayoría de universidades tampoco recogen directamente este tipo de información.

Los autores identifican diez universidades y siete institutos técnicos superiores con programas de ingreso preferencial para alumnos de determinados grupos étnicos, e indican que la mayoría no ofrece ayuda financiera u otras formas de apoyo para el buen desempeño de los estudiantes admitidos. Tampoco encuentran muchos esfuerzos para crear un ambiente de educación intercultural donde primen la comprensión y el respeto para la diversidad. En el texto, señalan cuatro casos emblemáticos sobre los cuales existe más investigación; el programa de admisión preferencial para nativos de la Amazonía en la Universidad Nacional San Marcos en Lima, los programas de admisión preferencial en la Universidad Guzmán y Valle “La Cantuta”, y dos programas de promoción intercultural “Hatun Ñan”, en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, y la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Aunque la desigualdad y la discriminación en instituciones públicas son problemas muy serios, también es importante analizar la situación en el sector privado, donde la mayoría de peruanos laboran y donde cada vez más personas también reciben servicios básicos, por ejemplo de educación y salud. En el Perú, existen muy escasos estudios sobre estos temas en el ámbito empresarial. Aquí, Liuba Kogan, Rosa Maria Fuchs y Patricia Lay, de la UP, presentan un primer balance sobre esta problemática, que formará parte de un trabajo de mayor alcance sobre discriminación por sexo y raza en empresas pequeñas, grandes y medianas.

Las autoras constatan que ni el Estado ni las empresas formalmente registradas mantienen data sobre las características raciales o étnicas de sus trabajadores y ejecutivos, y la mayoría tampoco mantiene indicadores de género. Por ello, es indispensable realizar investigación independiente, que incorpore métodos cualitativos y casos en profundidad. Los resultados preliminares de Kogan, Fuchs y Lay sugieren la persisten cia de brechas salariales, y de trato diferenciado, entre hombres y mujeres, aunque menos explicitas que décadas anteriores. Asimismo, detectan prácticas discriminatorias más sutiles en cuanto a raza, etnicidad y apariencia en general. En cuanto a iniciativas de cambio, aunque el concepto de “diversidad” tiene cada vez mas acogida en el mundo empresarial, muy pocas empresas establecen objetivos concretos para promoverla. En contados casos, las autoras han identificado esfuerzos explícitos de inclusión laboral femenina, y algunos de inclusión de personal con discapacidad. Sin embargo, hablar de racismo en el ámbito empresarial, e incluso entre organizaciones que promuevan la responsabilidad social empresarial, sigue siendo “tabú”.

Finalmente, no podemos comprender la mayor conciencia que hay en el país hoy sobre la problemática de la discriminación, y los avances que ha habido en políticas públicas y privadas, sin reconocer la influencia de los movimientos sociales detrás de ellas. En el último capítulo, Wilfredo Ardito de la PUCP analiza la experiencia de la Mesa contra el Racismo, un intento de aglutinar a diversas organizaciones alrededor de una bandera común. En este caso, se trata del testimonio de unos de los fundadores de la Mesa, quien con franqueza señala sus logros y limitaciones. El texto relata las diversas actividades desplegadas durante los últimos años, y cómo estas han ingresado en la legislación nacional y local, destacando las nuevas ordenanzas municipales y regionales contra la discriminación como logros de un movimiento en el que aún queda mucho por hacer. También menciona cómo estas campañas mediáticas han influido positivamente en las prácticas de determinadas empresas y agencias de publicidad. Por otra parte, Ardito opina que la negación e internalización del racismo en los mismos individuos es una de las causas de debilidad de ese movimiento, y que hace difícil movilizar a los mismos discriminados para defender sus derechos. También mencionó las divergentes prioridades de las organizaciones de derechos humanos, feministas, indígenas, nativas y afrodescendientes, y de las agencias de cooperación que los apoyan, como obstáculos para el sostenimiento de un movimiento amplio contra la discriminación en sus diversas formas.

COMENTARIOS FINALES Y AGENDA PENDIENTE

Al leer esta colección, queda en evidencia que hay una agenda pendiente para documentar y comprender la discriminación en el Perú, y luego generar cambios. Irónicamente, aunque la experiencia cotidiana indica que el racismo y otros prejuicios se mantienen profundamente enraizados en nuestra sociedad, para los investigadores es sumamente difícil documentar cuándo y cómo estas actitudes se traducen en prácticas concretas discriminatorias, y cómo éstas afectan a personas o grupos de personas explícitamente. Por cierto, estos no son simplemente retos académicos, porque la dificultad en identificar a la discriminación como tal también dificulta los esfuerzos del Estado y de la sociedad civil para promover la igualdad de derechos y oportunidades y la voceada inclusión social.

Aunque los motivos para la discriminación entre peruanos son muchos, los estudios aquí enfatizan las variables de raza o etnicidad, sexo y nivel socioeconómico. Diversos autores plantean que la discriminación étnica o racial sería la causa de la mayor pobreza y exclusión relativa de los indígenas y nativos peruanos, y también de la situación de desventaja de los afrodescendientes. Según este enfoque, el desprecio hacia estas poblaciones dentro de las instituciones del Estado, y las actitudes racistas y excluyentes de la élite política y social, explican los bajos niveles de inversión en estos grupos y la poca voluntad de mejorar la calidad de servicios que reciben. No obstante, hoy se puede considerar también la situación inversa, donde factores estructurales anteceden y contribuyen a reproducir la discriminación étnica y racial. Pero son aún pocos los esfuerzos sistemáticos por documentar tales situaciones, especialmente en los ámbitos urbanos, donde residen la mayoría de los peruanos, y entre sectores de mayores niveles educativos.

En cuanto a las formas de identificar a aquellas personas o grupos sociales que podrían ser discriminados, varios autores coinciden en que las preguntas utilizadas en la Enaho son más adecuadas, pues incluyen no solo la lengua materna sino la lengua más usada, la lengua de los padres y abuelos, y la autoidentificación étnica. Algunos autores señalan al lugar de residencia como otra variable para identificar a los indígenas más excluidos. La autoidentificación de las personas tiene que ser respetada por el Estado, pero puede variar según las preguntas planteadas y la diversidad de opciones. Es por ello que varios autores proponen trabajar con modelos multivariados.

Los autores también reconocen el carácter cambiante de las categorías étnicas, tomando en cuenta los flujos de migración interna en el país en los últimos años, la creciente población urbana y los cambios culturales entre las generaciones. ¿Una persona deja de ser indígena si migra del campo a la ciudad? ¿Si vive en la Costa? Para el Estado peruano, al aplicar las cuotas electorales y los programas de acción afirmativa en universidades públicas, la respuesta es sí –estas medidas hoy se dirigen a quienes provienen de comunidades rurales–. Sin embargo, las personas de ascendencia indígena en las ciudades, en las universidades y en las empresas, también pueden experimentar formas de discriminación. Comprender estos fenómenos es un reto pendiente.

Respecto a la población afrodescendiente, los retos son otros. Es una población reducida en número, que habla castellano, se concentra más en la Costa y experimenta prejuicio y estigmatización netamente raciales. Como observaron varios autores, para el Estado esta población ha sido prácticamente invisible; en las estadísticas oficiales, en la historia oficial del país y en las políticas públicas actuales. Esta invisibilidad es exacerbada por la reticencia de muchos peruanos a autoidentificarse como negros o “afros”, producto de la distancia cultural del concepto y del racismo que enfrentan.

A pesar de las limitaciones de la estadística oficial para identificar variables raciales y étnicas, la mayoría de autores reconocen que la calidad técnica de los estudios del INEI es alta para la región, y que la consistencia en las preguntas planteadas anualmente tiene un valor comparativo importante. Como observó Carolina Trivelli, entonces investigadora del IEP y comentarista en el mencionado taller, son pocos los países con tanta información sistematizada y disponible para la investigación social. Afortunadamente, la periodicidad de la data oficial en Perú es alta y eso hace que los investigadores y activistas sociales tengan mucha información aún por procesar. Por su parte, desde el INEI hay reconocimiento de la necesidad de la mayor participación de los grupos excluidos, y de la comunidad académica especializada, para ir refinando los instrumentos que permitan al Estado cumplir con sus deberes.

Varios de los trabajos aquí presentados demuestran el aporte que puede ofrecer la Economía aplicada a temas que históricamente han sido abarcados más por las otras ciencias sociales. También reconocemos la necesidad de integrar las disciplinas, de combinar información cuantitativa y cualitativa, y de confrontar lo testimonial con data de otro tipo, especialmente cuando se trata de las identidades de las personas. Varios autores también ponen énfasis en la necesidad de cerrar la brecha entre los conceptos utilizados por los expertos, y el sentido o uso común de la gente. Si bien para el Estado y los científicos sociales los términos como ‘indígena’ y ‘afrodescendiente’ son importantes, no necesariamente lo son para la misma población. Las ciencias sociales necesitan indagar por qué estos términos no son asumidos por muchos de quienes los expertos identifican como tales.

Algo similar ocurre con las encuestas de opinión, en las cuales los peruanos perciben altos niveles de discriminación en su país pero no manejan la misma definición de este fenómeno que el Estado y no tienden a atribuir el trato que reciben a factores de raza, etnicidad o sexo. Ser pobre y tener un bajo nivel educativo son considerados factores de mayor discriminación (o de “maltrato”) en sí mismos, antes que ser resultados de ella. Sin embargo, varios estudios en esta colección sugieren que hay brechas étnicas no explicadas por otros factores.

Estos retos son importantes cuando pasamos de la investigación a las propuestas de cambio. En el estudio sobre los servicios de salud, por ejemplo, Valdivia encuentra situaciones de paternalismo y falta de respeto con pacientes mujeres indígenas, pero también mestizas, mientras que los calificativos netamente racistas solo aparecen en momentos de alta tensión, y no necesariamente perjudicaron la salud de las madres o sus bebés. Entonces, ¿cuáles son las implicancias para las políticas públicas? ¿Cabe la denuncia por discriminación racial o sexual, o campañas de sensibilización y monitoreo del personal?

Igualmente, en los estudios del mercado laboral se han documentado brechas salariales que no son claramente atribuidas al nivel educativo o la experiencia previa de la persona. Estas son más agudas entre hombres y mujeres, pero faltaría más investigación cualitativa para identificar cuándo y cómo ocurre el distanciamiento, y hacerlo notar a las empresas y las mismas autoridades de Trabajo. En cuanto a los peruanos de lengua materna indígena o nativa, si bien no son todas las personas que tienen características indígenas, sus niveles de pobreza y menores oportunidades educativas marcan una diferencia aguda –y estos factores, a su vez, parecen explicar su concentración en ciertos sectores del mercado–. Esto indicaría la necesidad de invertir más y mejor en la educación de los niños y jóvenes indígenas. En cuanto a la población afrodescendiente, hace falta realizar mayor levantamiento de data básica sobre las personas y sus hogares, con encuestas mas especializadas. A la vez, complementarla con estudios cualitativos, por ejemplo, de patrones de segregación laboral o redes de reclutamiento.

Parece claro que en el Perú del siglo XXI las mujeres siguen ganando menos que los hombres, aun cuando tienen educación y experiencia similares, y siguen enfrentando más obstáculos para llegar a puestos de mayor poder e ingresos. Pero los estudios existentes no permiten concluir si las brechas se deben a mecanismos explícitos de discriminación de parte de los empleadores, a factores de socialización previa de las mujeres, o a factores asociados a la crianza de los hijos. Para comprender estas brechas, también se requiere investigación más fina y cualitativa, en diversos sectores del mercado y tipos de establecimiento.

Finalmente, respecto a las instituciones de educación superior, si bien el menor acceso de jóvenes indígenas y afrodescendientes se debe en gran parte a la pobreza y las deficiencias de su formación previa, los pocos estudios existentes sugieren que también hay prácticas discriminatorias explícitas en estos ámbitos. El trato humillante de los profesores hacia alumnos cuyo idioma nativo no es el castellano, los estereotipos vertidos en clase, la intolerancia a las diferencias culturales entre los mismos alumnos, la orientación hacia determinadas carreras de menor estatus (especialmente para las mujeres indígenas) y la ausencia de enseñanza de quechua y otros idiomas nativos en las carreras donde esto se requiere, son todas prácticas que se han comenzado a documentar, específicamente en los casos de Cusco y Huamanga. Pero faltan estudios más sistemáticos y en otras instituciones públicas y privadas, donde, a pesar de todos los obstáculos, están llegando cada vez más alumnos y alumnas de diferentes razas y origen social. Asimismo, es importante conocer las estrategias utilizadas por los mismos estudiantes, y sus familias, para sobrevivir en ambientes a menudo hostiles.

Como un resumen general, esta colección destaca la importancia de la investigación empírica para desmontar estereotipos y errores que obstaculizan el conocimiento de las prácticas discriminatorias. La combinación de herramientas cuantitativas y cualitativas es crucial para esta tarea, y también el mayor esfuerzo de acercar diferentes disciplinas; en particular, de acercar los estudios de la cultura a los de economía y políticas públicas.

Como una conclusión transversal, proponemos la importancia de analizar los contextos institucionales en los cuales la discriminación se perpetúa o se modifica, sean estos colegios, universidades, empresas o el mismo Estado. Pero también el reconocimiento de la capacidad de agencia de los mismos actores involucrados en estos diferentes ámbitos. Asimismo, la necesidad de analizar brechas dentro de los mismos grupos étnicos, incluyendo las diferencias de género y también de generaciones.

También señalamos la importancia de aprender de las experiencias de otros países con retos similares. Reconociendo al Perú como una sociedad que aún no logra definir una agenda de consenso contra la discriminación con medidas audaces realizadas por el Estado y por el sector privado, planteamos la posibilidad de aprender de las experiencias comparativas de países como Colombia, Brasil, Ecuador o hasta la India, tanto de sus esfuerzos por conocer y caracterizar a su población, como de sus iniciativas de acción afirmativa para revertir generaciones de racismo y otra formas de discriminación.

Desde el CIUP, vale decir que somos optimistas respeto al grado de cambio posible en esta sociedad. Aunque las desigualdades son significativas, hay menos tolerancia hacia ellas entre los mismos ciudadanos que años atrás, y mayor énfasis en la igualdad de derechos y de trato. Respeto a la capacidad del Estado y del sistema político para atender estas demandas, la historia reciente no ha sido tan alentadora. Aunque un nuevo gobierno promete avanzar más con la inclusión social, consideramos urgente llamar la atención sobre las prácticas del mismo sector público, que contribuyen, por acción u omisión, a las diversas formas a discriminación en el Perú.

Respeto al papel de la empresa privada, que ha cobrado mayor protagonismo en nuestra economía y sociedad a partir de la década de 1990, consideramos fundamental influir en la reducción de prácticas discriminatorias en éste ámbito. Históricamente, los líderes empresariales nacionales no se han preocupado por patrones de discriminación en el empleo, en la venta de productos y servicios, o en difusión de imágenes y estereotipos.

Sin embargo, esto también está cambiando, con la expansión del mercado interno, la renovación generacional de los gerentes, y el activismo de ONG en derechos humanos y responsabilidad social empresarial. Y, por último, consideramos como tarea prioritaria enfrentar los problemas de desigualdad de acceso y formación en la educación superior, donde tanto el Estado como los proveedores privados tenemos la responsabilidad para formar a los profesionales y líderes del futuro.

Muchas personas e instituciones han hecho posible este libro. Queremos agradecer en primer lugar a la Universidad del Pacífico, a su rector, Felipe Portocarrero, y las demás autoridades, por su compromiso con estos temas y su apertura en todo sentido de la palabra. También debemos agradecer a la Fundación Ford, y de manera especial a Felipe Agüero, oficial de programas, por confiar en nosotros parte de una iniciativa de mayor alcance, orientada no solamente hacia la producción de conocimiento sino a la promoción de debate y reflexión dentro y fuera del mundo académico. A lo largo de los años, la Fundación Ford se ha destacado, entre otras agencias de cooperación en el Perú, por su generoso apoyo a las ciencias sociales y a la investigación interdisciplinaria, orientada a fortalecer la acción en temas importantes para nuestra sociedad.

Muchos colegas dentro y fuera del CIUP han ayudado con la producción de este libro. Queremos reconocer de manera especial a Alonso Arrieta, asistente del Área de Políticas Sociales, Pobreza y Sociedad Civil, cuyos aportes fueron indispensables para la revisión y edición de los diversos capítulos, y para el desarrollo de esta iniciativa en general. También agradecemos a Ricardo Montero, asistente del Área Social del CIUP entre el 2008 y el 2011, y a Rita Reaño, asistente de investigación para este proyecto.
Sobre todo, agradecemos a los investigadores y autores cuyos aportes han hecho posible este libro, y a todos los participantes del taller que le dio origen, por compartir su valiosa experiencia, conocimiento y reflexión.

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1 En 1956, solo 18% de la población peruana tenía derecho al sufragio. Cuando se estableció el sufragio universal en 1980, el electorado aumentó a 37% del total; en el 2001, fue 56,5%, y en el 2011, el 69,6% de los peruanos pudo sufragar. De ellos, el 58% reside en la Costa; 30,5%, en la Sierra; y 11,2%, en la Selva.

2 Desde finales de la década de 1990, el Perú ha adoptado sendas leyes contra la discriminación en espacios públicos y privados, y ha establecido cuotas de participación en listas electorales para mujeres, jóvenes e indígenas. Para un resumen, véase Ardito, Wilfredo. Marco legal contra la discriminación en el Perú. Cuaderno de Trabajo N° 13, Departamento Académico de Derecho, PUCP, 2009.

3 Véase Latinobarómetro 2008-2010, citado en Tanaka (2010): <http://www.larepublica.pe/19-12-2010/latinobarometro-2010>.

4 Véase, por ejemplo: <http://lamula.pe/2011/06/05/verguenza-democratica-recoge-discriminacionen-facebook/jimenard>.

5 Véase Ardito, op. cit., y Defensoría del Pueblo. Actuación del Estado frente a la discriminación. Casos conocidos por la Defensoría del Pueblo. Serie Informes de Adjuntía – Informe 005-2009-DP/ADHPD. Lima: abril del 2009, p. 11.

6 Valdivia, Néstor; Martín Benavides y Máximo Torero. “Exclusión, identidad étnica y políticas de inclusión social en el Perú: el caso de la población indígena y la población afrodescendiente”. En: Grade (Ed.). Investigación, políticas y desarrollo en el Perú. 1a ed. Vol. 1, Cap. 14, pp. 603-67. Lima: Grupo de Análisis para el Desarrollo (Grade), 2007.

7 Valdivia, Néstor. “¿Somos racistas los peruanos?”. En: Le Monde Diplomatique, abril del 2009.

8 Defensoría del Pueblo, op. cit., p. 11.

9 En una exposición en Grade el 5 de septiembre de 2011, Valdivia menciona al menos 25 estudios que incluyen alguna medición de raza o etnicidad.

10 <http://www.pucp.edu.pe/puntoedu/index.php?option=com_opinion&id=5493#.TnDfZ6RbFsw.facebook>.

11 Valdivia, op. cit.